Liberan orden de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins

El pasado 4 de junio un Juez de Control del Estado de Puebla liberó una orden de aprehensión en contra de miembros de la familia Jenkins y sus abogados por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14 mil millones de pesos en contra de la fundación Mary Street Jenkins en detrimento de la sociedad poblana.

Así lo informó el portal Reporte Índigo, y detalló que las autoridades judiciales buscan a Roberto, María Elodia, Margarita, y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y a sus abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, y Carlos Román Hernández, quienes estarían prófugos.

El pasado 16 de marzo, un Juez de Control con sede en Almoloya de Juárez libró una primera orden de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados, por el delito de lavado de dinero, por lo que esta es la segunda orden de captura librada en su contra por el desfalco de los activos de la fundación.

Reporte Índigo expuso que en los próximos días espera que sea solicitada la extradición de los involucrados, ya que se encuentran ubicados en el estado de California, en Estados Unidos.

Apenas en mayo el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, ordenó el embargo precautorio de bienes y cuentas de la familia Jenkins para garantizar que se devuelva el patrimonio de la Fundación que fue desviado a otras instituciones.

Sin embargo la Fundación sostuvo que el juzgado de la CDMX que emitió la actuación carece de competencia, porque el domicilio de la Fundación se ubica en Jalisco.

El 20 de mayo, el gobernador Miguel Barbosa sostuvo que el dinero de la Fundación Jenkins, que fue llevado a un paraíso fiscal, tiene que regresar a Puebla.

De acuerdo con una denuncia que investiga el gobierno estatal, el patrimonio de la Fundación “Mary Street Jenkins” salió de Puebla a través de donaciones, la creación de una Fundación paralela en Jalisco y el cambio de domicilios, que pasaron por Barbados y Panamá.